Tres miembros de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid —donde murieron 7.291 personas en la primera ola por Covid19— coinciden en que se vulneraron los derechos de las personas mayores, el primero de ellos: sufrir discriminación por edad
Por Norma Saldaña
Entre los políticos que tomaron decisiones que derivaron en la muerte de 7.291 mujeres y hombres mayores en las residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19 sin recibir atención sanitaria ni poder tener compañía de sus familiares “hubo personas que deberían mirarse al espejo a ver si encuentran su alma”. La reflexión es de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, quien asegura que tras ser fiscal durante más de 25 años y haber estado en más de 4.000 juicios “nunca había escuchado algo tan impactante” como los testimonios de trabajadoras de esas residencias, familiares de las víctimas, enfermeras, médicos y periodistas que vivieron de cerca la tragedia. “Se actuó con mucha crueldad”, considera.
Bajo la autoría de siete expertos en Medicina, Epidemiología, Derechos Humanos, Sociología, Gestión Sanitaria y Derecho, esos testimonios y distintas valoraciones dieron como resultado el informe de la Comisión Ciudadana, el cual ha estado rodeado de polémica y, sobre todo, de acusaciones de un supuesto sesgo político. Los tres expertos convocados en Santander por el Grupo Social UNATE a una mesa redonda coinciden: el informe está plagado de testimonios y de datos verificables y están dispuestos a contrastarlo y defenderlo ante cualquiera porque no hay sesgo ideológico sino de derechos humanos.
Los testimonios de los afectados, explican, no dejan lugar a dudas: hubo derechos vulnerados como consecuencia de decisiones políticas. El primer derecho vulnerado, el origen de todo, es el derecho a no sufrir discriminación. “La Constitución española dice que todos somos iguales ante la ley y que no podemos sufrir discriminación basada en determinados factores, entre ellos, el factor de la discapacidad, el de la edad o la enfermedad”, concreta Fernando Flores Gimenez, profesor de Derecho Constitucional y miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València y de la Comisión Ciudadana.
El fundamento de todo lo que sucedió, añade, fue precisamente la discriminación en un contexto edadista, en el que la sociedad acepta que las personas mayores valen menos. “No se puede discriminar a una persona mayor por ese criterio bastante extendido cultural de que, como has vivido más, ya has tenido oportunidad”. Los criterios clínicos se tienen que basar en el análisis singularizado de la situación de cada persona, explica Flores Gimenez, quien considera condenable la frase “se iban a morir igual” con la que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quiso justificar las decisiones políticas que impidieron la medicalización de las residencias y el traslado de personas mayores a hospitales para ser tratados por COVID-19. “El hecho es que se murieron de asfixia, solos, sin paliativos, sin ayuda”, añade Martín Pallín.
La remembranza de estos hechos se produce porque el domingo 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una efeméride que busca aumentar la conciencia sobre el problema del abuso y maltrato en personas mayores. Por esta razón, Grupo Social UNATE —comprometido con los derechos de las personas mayores— convocó una mesa redonda este pasado martes en Santander con tres miembros de la Comisión Ciudadana por la Verdad en el Salón de Actos de la ONCE Cantabria.
Además de Martín Pallín y Flores Gimenez, Anna Freixas, escritora y profesora jubilada, también participó en la mesa redonda moderada por Mónica Ramos Toro, coordinadora técnica de UNATE. Para Freixas, formar parte de la Comisión Ciudadana “ha sido un máster en derechos humanos y en sufrimiento”, por lo que pide reflexionar en las formas en que se trata a la vejez y aboga por que se mantenga la memoria de lo sucedido.
Así, pone el dedo en la llaga y explica que replantear la atención de las personas mayores debería interpelar a toda la población: “Todo lo que afecta a la vejez nos afecta a todos”, dice. Reconocida por sus aportaciones sobre el envejecimiento de las mujeres, hace una autorreflexión que suena a tarea incumplida: “Uno de los problemas que tenemos los viejos es que no nos organizamos, no participamos, no nos planteamos que somos una fuerza muy importante porque, sobre todo, somos muchos votos y para eso tenemos que salir de la zona de confort de ‘yo y mi nietecito’. Hay que implicarse y participar para transformar en la sociedad”.
Con la advertencia de “esto se puede repetir mañana”, en referencia a las decisiones políticas que vulneran los derechos de las personas mayores, Freixas alerta, al igual que Martín Pallín, sobre la decisión política en la Comunidad de Madrid de aprobar el funcionamiento de macrorresidencias para personas mayores, residencias que superan el número de plazas recomendadas por el Ministerio de Derechos Sociales tras la pandemia.
“Las residencias no pueden ser un negocio, porque todo negocio implica un beneficio”, advierte Freixas. Pugna, además, porque el personal que trabaja en ellas tenga mayor especialización y mejores condiciones laborales. Recuerda que ya antes de la pandemia, las residencias no estaban preparadas para un funcionamiento digno, tenían poco personal y falta de materiales. “A mí las macrorresidencias me espeluznan”, dice Martín Pallín, quien llama a aplicar “políticas humanas”, aunque se muestra pesimista porque, hoy, cinco años después, “ningún partido pide el voto prometiendo el cambio de modelo de residencias”.
